Accesibilidad Web en la Administración: ya queda menos
Este es uno de los principales objetivos de la proposición no de Ley sobre el cumplimiento de la disposición adicional 5ª de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, para la accesibilidad de personas con discapacidad a las páginas webs, presentada por ERC ante el Congreso de los Diputados a finales del pasado mes de diciembre.
Dicha iniciativa solicita al Gobierno que proceda a evaluar el grado de cumplimiento de lo estipulado en la disposición adicional quinta de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, de forma que antes de la finalización del mes de enero se pueda publicar en un formato homogéneo y fiable el estado de la accesibilidad, según las normas comúnmente reconocidas, de las páginas web públicas.
ERC va más allá y pide desarrollar la reglamentación para que todas las páginas web que sean financiadas directa o indirectamente mediante dinero público tengan la obligación de cumplir los requerimientos de accesibilidad a los contenidos fijados en la Ley para las páginas web de la Administración. Por último, esta formación parlamentaria estima necesario fijar el nivel mínimo actual que han de cumplir en cuanto a accesibilidad las páginas web al reseñado como “AA” en las normas internacionales elaboradas por la Web Accessibility Initiative (WAI) del World Wide Web Consortium (W3C).
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